Exsecretario general de UGT de Asturias, Justo Rodríguez Braga
La Fiscalía considera que UGT Asturias «desvió» 1,4 millones
entre los años 2010 y 2014, según recoge el escrito que ha remitido al Juzgado
de Instrucción número 4 de Oviedo. Este es el encargado de investigar al
sindicato por presunto fraude en las subvenciones por los cursos de formación.
El texto detalla una actuación concertada entre UGT y su fundación IFES
(Instituto de Formación y Estudios Sociales) orientada al sistemático desvío de
parte de los fondos públicos recibidos, que suponía un beneficio económico que
revertía en la propia organización.
En concreto y de forma provisional, ve indicios racionales
de delito en el entonces secretario general del sindicato en la región, Justo
Rodríguez Braga, quien dejó el cargo en 2016 tras dieciséis años al frente de
la organización. Otra de las personas señaladas por el Ministerio Fiscal es
Mónica Menéndez, quien fuera secretaria de administración de UGT entre 2002 y
junio de 2013, así como la representante de Infastur. Asismimo, considera
probada la participación de otras cuatro personas: Manuel Díaz Cancio,
secretario de formación (2009-junio de 2013), María Jesús Ocaña, administradora
única de Localmur, Alberto González Castaño, encargado de la contabilidad y
control de subvenciones concedidas a UGT , y Silvia Sariego Ferrero, con tareas
equivalentes en la delegación territorial de IFES desde 1998 hasta 2015. Por
otra parte, pide el sobreseimiento para Carmen Caballero y Daniel Pedro
Rodríguez. El Ministerio Fiscal considera que la documentación aportada ofrece
evidencias incriminatorias e insta a continuar la causa mediante el
procedimiento abreviado procediendo a la formulación de acusaciones.
Según se desprende del escrito, la Fiscalía considera que
existen indicios para vincular la recepción de subvenciones para la formación
por parte del Principado y cofinanciadas con el Fondo Social Europeo con el
enmascaramiento de los gastos estructurales del sindicato. Entre ellos destaca
los costes de su personal laboral y la capitalización de una sociedad vinculada
(Infastur) para, a través de ella, cubrir pérdidas generadas en otras
actividades. Para ocultar a la administración el sobrecoste habrían recurrido
al aprovechamiento instrumental de las vinculaciones societarias que tenían UGT
Confederal y UGT Asturias con tres sociedades, de las que se proveían de los
bienes y servicios para las actividades formativas.
«Un error de partida»
El abogado de UGT, Francisco Alonso, señaló ayer que en el
escrito remitido por la Fiscalía tiene «un error de partida», ya a su juicio,
hay un «empecinamiento» en decir que se desviaron fondos por unos gastos que no
son de la subvención cuando, a su juicio, son «indirectos o asociados» y, por
tanto, «subvencionables». La discrepancia entre los informes emitidos por la
Intervención de la Administración del Estado y la AET y los peritos de parte es
la conceptualización de esos gastos asociados ya que mientras los primeros
entienden que no son subvencionables, los segundos se amparan en la legislación
y la convocatoria que los regula que dice que sí lo son hasta un 20% aunque no
sean gastos directos de la subvención. «Las pruebas periciales demuestran que
no hay delito», insiste el abogado.
Fuente: EL COMERCIO
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